MEDICOS DE DOLORES

Ante la gravedad de los delitos denunciados y los intentos de destruir pruebas en la obra social, desde el Frente Renovador afirman que debe dictarse la intervención del IOMA. Conmoción en Cambiemos: avanza una comisión investigadora impulsada por la UCR en la Legislatura bonaerense Una enorme repercusión política generó la investigación que publicamos ayer en la páginas del diario Hoy, reflejando los intentos por autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA) para eliminar 4000 cajas con documentación muy valiosa relacionada a negociados realizados con medicamentos oncológicos de alto costo y recetas truchas. Se trata de información muy sensible que podría comprometer seriamente a dirigentes que forman parte de la conducción del gremio UPCN, como Teodoro Carlos Quintana y Juan Héctor Nieves, quienes habrían negociado tener garantizada la impunidad a cambio de avalar la oferta salarial del 15%, siendo la más irrisoria de los últimos años. La conducción de este gremio, además de tener un vocal en el directorio de la obra social (Luis Pérez), maneja distintos cargos dentro del instituto. Fuentes consultadas por Hoy afirmaron que, tras la publicación de ayer, habrían puesto un freno a la decisión de destruir los archivos y hasta habrían sido desplazados algunos personajes vinculados a UPCN a los que se les había encomendado esa tarea. En tanto, anoche se esperaba la llegada de una orden judicial para poner en custodia las cajas que se encuentran alojadas, en su gran mayoría, en el archivo que tiene el IOMA en la zona del bosque platense. El temor que existe, entre empleados y profesionales de la obra social, es que se desate un incendio intencional en el archivo o, en su defecto, se apliquen otras maniobras encubiertas para hacer desaparecer las pruebas. En diálogo con Hoy, el jefe del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, el radical Jorge Silvestre, anunció que la semana pasada, en un encuentro con el presidente de la Cámara baja, Jorge Sarghini, se avanzó en la conformación de una comisión especial de seguimiento de las denuncias relacionados al IOMA que no se han investigado en sede judicial. “Evidentemente, ante lo que está ocurriendo en el IOMA, hubo una enorme responsabilidad en la gestión anterior. Pero también existe responsabilidad en la gestión actual”, dijo el legislador radical que forma parte del frente político que le permitió a María Eugenia Vidal ser gobernadora.Sigue=>
 “Nosotros formamos parte de la Cámara de Diputados que es la cámara iniciadora de los jury de enjuiciamientos, y creemos que este es un tema que amerita ser mirado con lupa porque los números son bastante elocuentes en cuanto al desmanejo en obra social. Todo lo que nos han informado en los últimos meses tiene que ver con lo denunciado en el diario Hoy. Por eso la intención es que en la comisión investigadora de los casos de corrupción estén los mejores hombres y mujeres para que llamen a jueces, a los fiscales, a los ex funcionarios y a los proveedores para investigar e ir a fondo ante los supuestos y evidentes casos de corrupción”. En tanto, desde el Frente Renovador plantearon directamente la intervención de la obra social, lo que conllevaría disolver el directorio ya que muchos de sus integrantes están denunciados y sospechados de casos de corrupción. Esta es la idea del dirigente Walter Martello quien, cuando era legislador provincial, presentó sendas iniciativas para investigar a fondo la corrupción en el IOMA y, además, para democratizar el funcionamiento de la obra social, permitiendo que sean directamente los afiliados los que tengan representación en el directorio. Las iniciativas terminaron siendo cajoneadas por el kirchnerismo en la Cámara baja. “Entiendo que se tiene que tener una actitud mucho más agresiva respecto a todas las causas judiciales que se vienen llevando adelante. Estamos hablando de que se le ha provocado un perjuicio enorme al IOMA, poniendo en riesgo a más de 2 millones de afiliados. Hay personas que no deberían estar más en el directorio. Concretamente me refiero a aquellos representantes de los gremios que han convalidado estas prácticas que se denuncian en la justicia y que en algún momento provocó la detención de directivos de la obra social. Para poder sacar esas personas, la única forma es la intervención. Cuando fui diputado lo planteé en un proyecto que lamentablemente no se aprobó, pero que hubiera traído más transparencia”, dijo Martello. El referente del Frente Renovador concluyó: “mantener estas personas dentro del directorio es seguir manteniendo las prácticas que se venían llevando adelante. Ya han pasado 100 días del cambio de gobierno y hay hechos demostrados que determinan rápidamente los motivos de una intervención”. Un ascenso que da mucho que hablar Ayer, en nuestra investigación, dimos a conocer que una administrativa llamada Liliana Méndez, sin formación técnica ni profesional, pero con un vínculo directo con Teodoro Carlos Quintana (UPCN), habría sido ascendida de jefa de departamento interina a directora de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria. Por esta dirección pasa el control de todo lo que tiene que ver con los contratos relacionados con el denominado primer nivel de atención. Es decir, diálisis, prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, odontología, prácticas bioquímicas, estudios de diagnóstico de alta complejidad, prestaciones médico-ambulatorias con sus correspondientes derivaciones a centros de salud de Capital Federal como puede ser el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, y la fertilización asistida. Es decir, involucra cifras millonarias. La Asociación de Profesionales del IOMA denunció a Méndez por haber despachado 1500 trámites, en media hora, utilizando sellos y claves de profesionales, lo que motivó que se le abriera un sumario administrativo. Según consta en la Investigación sumarial Nº455/214, se habría constatado irregularidades múltiples. “Se ejecutaron intencionalmente acciones con extralimitaciones para el abuso de poder, transformándose en atribuciones incompatibles, ya que se perfecciono un presunto ejercicio ilegal de la medicina, usurpando títulos profesionales con la finalidad de realizar acciones sin trasparencia administrativa. Afectando a los profesionales del IOMA que debieron denunciar este proceder. Que podría afectar su estabilidad laboral y profesión”, dice el expediente. “Es sumamente importante la denuncia de los auditores del área específica de Imágenes (Internamente llamada 88) quienes repudian el acto de abuso de poder y el ejercicio ilegal de Méndez. Esta administrativa es quien realizo las auditorías médicas con su clave y otras a nombre de otros auditores médicos que se encontraban en una medida de fuerza sindical en apoyo a un compañero despedidos sin causa que lo amerite”, agrega la actuación sumarial. El auditor había sido echado por denunciar la corrupción dentro del IOMA. Las prestaciones que se habría auditado como falso médico son: resonancias nucleares magnéticas de todo tipo; tomografías axial computarizadas; mamografías, ecografías; estudios de imágenes especiales y específicos, estudios dinámicos, y otros tantos. Cabe destacar que, para auditar muchas de estas prestaciones no alcanza con ser médico, también se requiere tener una especialización científica específica. La situación de Méndez genera mucha inquietud debido a que la conducción del IOMA, entre fines de enero y principios de febrero, tomó la decisión de rescindir casi todos los convenios prestacionales y renegociarlos. Ahora bien, para realizar esta tarea el personal a cargo debe tener una formación profesional, asistencial y sanitaria de primer nivel. “Méndez no cuenta con ninguno de esos requisitos. Ocupa un cargo estratégico sin la mínima formación técnica-científica. Es más, su cargo anterior de jefa de departamento tampoco fue concursado siendo jefa del sector médico sin serlo. Fue nombrada por un decreto del anterior presidente del IOMA, Antonio La Scaleia, contando con el apoyo de dos integrantes del anterior directorio denunciados por corrupción: Antonio Nardela y Nicolás Vitale. Lo penoso es que dentro del IOMA existen numerosos profesionales capacitados que no han tenido la posibilidad de acceder a ese cargo por no haberse generado un concurso de evaluación de antecedentes”, dijeron fuentes consultadas por Hoy. En definitiva, dentro de la obra social, empleados y profesionales aseguran que, en función del pacto con UPCN, se está poniendo en riesgo nada más y nada menos que la calidad prestacional y el correcto uso de los recursos financieros que son patrimonio de los afiliados.Link original del Diario Hoy